¿Qué ocurrió?

La empresa de tecnología policial Flock anunció el 13 de agosto de 2026 que cambiará las reglas de acceso a su red nacional de 120.000 cámaras lectoras de placas. Los cambios llegan tras informes sobre el uso indebido de la tecnología de Flock por parte de agentes para vigilar a parejas antiguas o actuales. Una investigación de Washington Post identificó 46 casos en los que agentes usaron los datos de las cámaras con fines no autorizados.

Flock ahora exige que se ingrese un número de expediente penal antes de cada búsqueda; esta función se ofrecía como opcional el año pasado y ahora se ha vuelto obligatoria. La empresa también hizo obligatorio su sistema de auditoría automática, que detecta comportamientos de búsqueda sospechosos y los notifica a los supervisores. Sin embargo, Flock no verifica los números de expediente ingresados ni permite una evaluación independiente de la precisión de su herramienta de auditoría.

¿Por qué es importante?

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) recuerda que medidas de seguridad similares fueron eludidas fácilmente en el pasado. Por ejemplo, en un departamento de policía de Oregón, los agentes escribieron "hehehe" 20 veces en el campo de motivo de búsqueda. Chad Marlow, asesor de políticas senior de la ACLU, sostiene que las críticas no se deben tanto a abusos individuales como a la escala de vigilancia que permiten las cámaras de Flock.

Flock también redujo su recomendación de retención de datos de 30 a 7 días, aunque los departamentos pueden optar por extender ese plazo. La empresa también permite que los departamentos limiten los motivos por los que otros departamentos pueden realizar búsquedas; por ejemplo, se pueden permitir investigaciones de "secuestro" mientras se bloquean búsquedas con fines de "aplicación de la ley migratoria".

Lo que se sabe

  • El director ejecutivo de Flock, Garrett Langley, sostiene que la principal causa de la pérdida de clientes es la desinformación sobre la empresa.
  • La ACLU, en cambio, afirma que más allá de las afirmaciones de que Flock no usa reconocimiento facial ni vende datos, la empresa ha proporcionado información engañosa a los concejos municipales.
  • En febrero de 2026, NPR informó que al menos 30 ciudades cancelaron su contrato con Flock en el último año; el grupo activista DeFlock sostiene que la cifra real es mayor.
  • Algunos estados y municipios están prohibiendo por completo las cámaras lectoras de placas, mientras que otros están migrando a competidores como Axon y Motorola.

¿Qué sigue?

Flock defiende que las nuevas reglas son un paso para abordar las preocupaciones sobre vigilancia, pero Marlow describe estos cambios como "pequeños y graduales". Según Marlow, la única forma de verificar la eficacia de estas medidas sería que la empresa abriera sus sistemas a investigadores independientes, algo a lo que Flock no ha accedido hasta ahora. Flock afirma que las pérdidas de contratos representan una fracción pequeña de sus 5.000 acuerdos institucionales totales.

Los cambios al completo

De los cuatro ajustes anunciados, dos son obligaciones y dos son delegaciones de control:

  • Introducir un número de expediente penal antes de una búsqueda pasa a ser obligatorio; antes era opcional.
  • La auditoría automática que marca comportamientos de búsqueda sospechosos también pasa a ser obligatoria.
  • La empresa recomienda ahora 7 días de retención de datos en lugar de 30, aunque las agencias pueden cambiarlo.
  • Las agencias pueden limitar las búsquedas de otros departamentos según el propósito declarado: permitir una investigación por “secuestro”, por ejemplo, y bloquear la de “control migratorio”.

Cómo se sorteaban las salvaguardas

Por qué un campo obligatorio puede no bastar lo muestra el hallazgo de la ACLU: los agentes lo esquivaban escribiendo términos genéricos como “investigación”, o entradas que se burlaban de él. En un departamento de Oregón ese campo se rellenó con “hehehe” 20 veces. Una casilla de texto libre no rinde cuentas solo por ser obligatoria.

La escala: 120 000 cámaras, 5000 agencias y, según NPR en febrero, al menos 30 ciudades que cancelaron contratos el último año. El consejero delegado, Garrett Langley, atribuye esas pérdidas a la “desinformación”. Chad Marlow, de la ACLU, considera insuficientes los cambios y pide acceso para investigadores independientes: “En Estados Unidos solo puedes investigar a alguien si crees que ha hecho algo malo”.