¿Qué tamaño tiene el sistema?
El gigante de la tecnología policial Flock opera una red de unos 120.000 lectores automáticos de matrículas por todo Estados Unidos. La compañía anunció una serie de cambios en su plataforma destinados a impedir que los agentes la usen con fines ilegales o ilegítimos.
El motivo de los cambios es concreto. The Washington Post identificó 50 casos en los que se hizo un uso indebido de los sistemas de Flock y de sus competidores, a menudo para acosar y perseguir a mujeres.
Los casos documentados
Dos ejemplos recogidos por MIT Technology Review muestran la naturaleza del problema:
- En Wisconsin, una mujer denunció que su exnovio, agente de policía, buscó su coche 179 veces.
- Otra mujer era perseguida por el jefe de policía, sin nadie ante quien denunciarlo.
El segundo ejemplo apunta a un problema que ninguna medida técnica resuelve: cuando la autoridad que debe supervisar el sistema y quien lo usa indebidamente son la misma persona, el control interno no funciona.
Las medidas introducidas
La respuesta de Flock consiste en prácticas dirigidas a garantizar que los agentes tengan una causa adecuada para cada búsqueda. Dos destacan: usar software que marque búsquedas anómalas y exigir a quien busca que introduzca un número de caso penal.
Sobre el papel, esto vincula cada búsqueda a una investigación abierta. Se forma un rastro de auditoría, cada consulta se corresponde con un caso y la conducta inusual se vuelve detectable estadísticamente.
Dónde están los huecos
Los cambios llegan con lagunas importantes. La más evidente está en el propio requisito del número de caso: los agentes pueden introducir números falsos. No es una preocupación hipotética: ya han mentido antes para sortear otras salvaguardas de Flock.
El problema estructural es este: la comprobación depende de lo que declare la persona comprobada. El sistema pregunta para qué caso es la búsqueda, pero no verifica la respuesta. Verificarla exigiría contrastar el número con un caso real, lo que implica conectarse no a Flock sino al sistema de registros de cada departamento.
El segundo vacío es más amplio: las nuevas políticas no abordan las cuestiones más de fondo derivadas de la existencia del sistema. A quién se puede buscar y en qué condiciones, cuánto se conservan los registros y quién accede a la red siguen siendo preguntas abiertas.
Por qué importa
Este debate muestra un patrón que se repite con las herramientas de vigilancia asistidas por IA. El sistema se construye con un fin legítimo: encontrar vehículos robados, localizar conductores buscados. Pero la capacidad que surge no queda limitada a ese fin; una red de 120.000 cámaras puede reconstruir retroactivamente dónde ha estado un coche.
El uso indebido no es por tanto una excepción sino un resultado previsible. Las medidas técnicas ayudan pero no bastan; lo decisivo es quién tiene el acceso y si la supervisión llega desde fuera del sistema. Que las 179 búsquedas del caso de Wisconsin pasaran desapercibidas tanto tiempo lo demuestra: los registros existían, pero nadie los miraba.