Según una investigación de The Washington Post, los miembros del Congreso de Estados Unidos y sus asesores usan herramientas de IA en su trabajo diario con escasa supervisión. Los usos van desde escribir discursos y preparar notas de prensa hasta clasificar el correo de los votantes.

Por qué destaca

Parte de esto es trabajo de oficina corriente. Que un modelo redacte el borrador de una nota de prensa es una cuestión de eficiencia en el Congreso igual que en cualquier organización.

Pero la lista no acaba ahí. Clasificar el correo de los votantes determina qué petición ciudadana llega a la mesa de un legislador. Eso es una decisión de filtrado, y quién construyó el filtro y con qué criterios funciona afecta directamente al funcionamiento de la democracia representativa.

Qué significa la falta de supervisión

La expresión clave del reportaje es "escasa supervisión". No significa que el uso esté prohibido y se haga a escondidas: significa que no existe ninguna norma común.

En la práctica cada oficina decide por su cuenta: qué herramienta usar, para qué tarea, cuánto revisar el resultado y si declararlo o no. El resultado son prácticas muy distintas conviviendo dentro de la misma institución.

Dónde está el riesgo real

Que el Congreso use IA no es en sí un problema. El problema es que ese uso no sea rastreable:

  • Origen incierto: se desconoce de dónde salió una afirmación de un discurso y si la produjo un modelo.
  • Propagación del error: cuando un modelo relata mal un hecho, ese error entra en un texto oficial.
  • Seguridad de los datos: el correo de los votantes son datos personales; no está claro a qué herramienta se envió ni qué ocurrió allí.

El dilema del regulador

Hay aquí una ironía particular: la institución encargada de regular la IA no ha regulado su propio uso de ella. La experiencia acumulada dentro del legislativo podría mejorar la ley resultante: quien no usa una tecnología tampoco sabe qué hay que regular.

Pero esa misma experiencia genera un conflicto de intereses. Limitar una herramienta que aligera tu propia carga de trabajo resulta más fácil para un legislador que nunca la usa.

El debate tampoco es exclusivo de Estados Unidos. Las herramientas de IA se extienden con rapidez por la administración pública y, en la mayoría de los países, esa expansión ocurre antes de que ningún marco defina su uso. Cuando la norma llega tarde, suele llegar después de un incidente y encima de hábitos ya asentados.

No qué prohibir, sino qué dejar por escrito

Es improbable que la respuesta sea la prohibición. Una oficina legislativa que no usa IA no puede seguir el ritmo de otra que sí lo hace, y esa diferencia acaba notándose también en la calidad.

Lo que falta es un conjunto de reglas sencillas que hagan visible el uso:

  • Dejar constancia de qué partes de un texto oficial se prepararon con ayuda de un modelo.
  • Definir a qué herramientas pueden enviarse los datos personales de los votantes.
  • Exigir que toda afirmación factual producida por un modelo se verifique antes de publicarse.

Ninguna de ellas impide usar IA; simplemente dejan una respuesta a la pregunta que se hará más tarde: ¿de dónde salió esto?